En diversas regiones de México persisten graves tensiones relacionadas con la libertad religiosa, especialmente en comunidades donde los llamados “usos y costumbres” son utilizados para imponer prácticas religiosas mayoritarias y sancionar a quienes no se someten a ellas.
Cristianos no católicos —entre ellos evangélicos y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día— han denunciado detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas, desplazamientos forzados y la suspensión de servicios básicos, únicamente por vivir conforme a sus convicciones de fe.
📍 El caso de Zinacantán, Chiapas
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió el viernes 16 de enero de 2026, en el paraje Pinar Salinas, municipio de Zinacantán, Chiapas.
De acuerdo con reportes de medios locales y testimonios de familiares, once personas identificadas como cristianos evangélicos —algunas de ellas adventistas del séptimo día— fueron retenidas por autoridades comunitarias y pobladores, luego de realizar un culto religioso en el exterior de una vivienda y negarse a participar en celebraciones tradicionales de carácter católico.
Testigos señalan que un grupo de personas irrumpió en el lugar del culto y trasladó por la fuerza a los creyentes a la cárcel comunitaria, donde permanecieron retenidos por más de 15 horas. Durante este tiempo, se denunció que fueron golpeados, amenazados y sometidos a tratos humillantes.
Según las denuncias, las autoridades comunitarias exigieron una multa económica elevada como condición para su liberación, argumentando el incumplimiento de acuerdos comunitarios relacionados con cooperación económica y participación obligatoria en festividades religiosas. Finalmente, tras la intervención de autoridades gubernamentales, los once detenidos fueron liberados sin pagar la multa.
No obstante, líderes comunitarios advirtieron que mantendrían restricciones en servicios básicos como agua potable y energía eléctrica a las familias cristianas que no se alineen con las prácticas religiosas tradicionales.
⛔ Un conflicto que no es aislado
Este caso se suma a un conflicto prolongado en la región. Desde hace varios años, comunidades cristianas en zonas de Chiapas han denunciado cortes de servicios, bloqueos de caminos, exclusión escolar y amenazas, todo por negarse a participar en actividades religiosas obligatorias.
Situaciones similares han sido documentadas en Oaxaca, donde en 2025 se reportó la detención y posterior expulsión del pastor evangélico Mariano Velásquez Martínez, en el municipio de San Juan Mazatlán, tras negarse a realizar actos religiosos contrarios a su fe. Él y su familia permanecen desplazados hasta hoy.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que este tipo de expulsiones constituyen desplazamiento forzado, un delito reconocido en la legislación estatal.
🌍 Preocupación internacional
Entidades como Christian Solidarity Worldwide (CSW) y Puertas Abiertas han señalado que México continúa presentando patrones preocupantes de intolerancia religiosa, especialmente en comunidades indígenas donde se impone una fe mayoritaria. En su Informe 2026, Puertas Abiertas ubica a México entre los países con hostigamiento sistemático hacia cristianos no católicos.
✝️ Un llamado urgente
Frente a estos hechos, líderes cristianos y defensores de derechos humanos coinciden en que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar la libertad religiosa, sin que los usos culturales sean utilizados como justificación para la violencia o la coerción de conciencia.
🙏 Se hace un llamado a la oración por nuestros hermanos en México, para que Dios les conceda fortaleza y protección, y para que las autoridades actúen con justicia y responsabilidad.
📖 “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.”
— Mateo 5:10
